Un “pacto” para la impunidad
Está acusado como miembro de una asociación ilícita responsable de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia en cinco homicidios calificados y un secuestro.
Con los alegatos del Ministerio Público y de las querellas ingresó en su etapa final el juicio oral a Manlio Torcuato Martínez, ex juez federal de Tucumán durante la dictadura, acusado por su intervención en los homicidios de cinco militantes montoneros y por la privación ilegal de la libertad del dueño de la casa, donde los mataron en 1976. Los fiscales Diego Velasco, Pablo Camuña y Agustín Chit consideraron probado que Martínez no investigó y garantizó la impunidad de los autores de los asesinatos y pidieron que se lo condene a 25 años de prisión en una cárcel común. “Una herramienta tan noble como es el ejercicio de la magistratura puede convertirse en manos equivocadas en una herramienta de desasosiego, terror y desamparo para los justiciables”, remarcaron, según informó el sitio de la Procuración. Los abogados querellantes pidieron penas que van de 18 a 25 años de prisión y también reclamaron que se le revoque el arresto domiciliario. La sentencia está prevista para el 9 de junio.
El ex juez Martínez está acusado como miembro de una asociación ilícita responsable de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia en los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, ejecutados durante un allanamiento ilegal el 20 de mayo de 1976 en una casa ubicada en Azcuénaga 1816/1820, de San Miguel de Tucumán. También se lo juzga por el secuestro de Miguel Atilio Romano, dueño de la vivienda donde se consumó la matanza, quien seis días después se presentó espontáneamente en el juzgado. El magistrado lo indagó sin la presencia de un abogado defensor y luego lo puso a disposición de la policía provincial, que lo interrogó y lo confinó en centros clandestinos de detención. Romano, quien sufría una enfermedad mental severa, pasó más de un año con prisión preventiva acusado de asociación ilícita, hasta que el propio juez Martínez le dictó el sobreseimiento el 25 de agosto de 1977.
La acusación del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal general Diego Velasco, del fiscal federal a cargo de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Pablo Camuña, y del fiscal ad hoc Agustín Chit. Los fiscales repasaron la historia del ex juez, que asumió a principios de 1975, al mismo tiempo que comenzaba el Operativo Independencia, el antecedente tucumano del terrorismo de Estado. “Todo aquello que vemos simplemente como una conducta posterior” a los crímenes de la calle Azcuénaga “es en realidad la muestra cabal del cumplimiento de la promesa sellada en un pacto anterior a la comisión de los hechos, en este caso el allanamiento ilegal de la morada y los homicidios de los ocupantes”, señaló Chit. “La piedra angular sobre la cual se fundó la membresía criminal fue también la manifestación de un acuerdo a fin de garantizar la impunidad desde el rol de juez, garantía que recogió sus frutos hasta el año 2011 cuando estos hechos fueron tratados y establecidos como lo que fueron: un despiadado homicidio. Martínez cumplió muy eficientemente su parte del acuerdo”, destacó el fiscal ad hoc.
Según se acreditó durante el juicio, en el que declararon más de sesenta testigos, personal policial uniformado y de civil atacó ese día la casa donde estaban reunidos los cinco militantes. Allí también estaba la hija de María Alejandra Niklison y Gerardo Romero, María Alejandra Romero Niklison, que entonces tenía un año y medio y que actualmente integra la querella. Cuatro de las cinco víctimas fueron ejecutadas dentro de la casa, en tanto Saavedra fue perseguido y asesinado en inmediaciones de la iglesia Monserrat.
Martínez se presentó en el lugar después de los homicidios, pero se retiró rápidamente y sólo pidió que se le remita el sumario sobre el caso. El fiscal Velasco señaló que el juez “ordenó como única medida la constatación del fallecimiento por parte de la misma repartición policial que había efectuado el procedimiento ilegal” y que no realizó ninguna medida para determinar “las circunstancias de los hechos”, como periciar las armas halladas junto a los cadáveres, tomarles declaración a testigos o realizar un reconocimiento del lugar.
