El hotel de lujo que Blaquier eligió para escapar de la justicia

El presidente del Ingenio Ledesma se alojó en el exclusivo Le Bristol durante dos semanas.

Nada mejor para descansar y reponerse de las dolencias cardíacas que una suite en la zona más chic de París, sobre la rue Faubourg Saint-Honoré, lugar de culto del shopping y la moda mundial. Y ni hablar si esa suite tiene vista a un jardín de 1200 metros cuadrados y permite acceder a una cena supervisada por Eric Frechon, chef tres estrellas para la guía Michelin. Todo eso es posible en el hotel Le Bristol, lugar que eligió el presidente del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, para hospedarse mientras supuestamente realizaba una interconsulta médica entre Londres y París.

El empresario azucarero decidió salir del país el 15 de abril pasado, justo un día antes de que la causa por 27 secuestros ocurridos en La Noche del Apagón, y otra por la desaparición de Luis Aredez –ex intendente de General San Martín donde está instalado el Ingenio Ledesma–, llegaran a  manos del juez Fernando Poviña, quien agilizó el expediente y llamó a Blaquier a declarar. Hasta ese día, las investigaciones habían estado a cargo del magistrado Carlos Olivera Pastor, quien las mantuvo paralizadas varios años.
El empresario permaneció en Le Bristol casi dos semanas, entre el 21 de abril y el 5 de mayo. El hotel es, junto al Ritz y al George V, un mito parisino. Por sus habitaciones pasaron desde el ex primer ministro alemán Konrad Adenauer, hasta las actrices Kim Novak, Rita Hayworth o el comediante Charles Chaplin. También frecuentaron el magnífico edificio del 8ème arrondissement, el barrio más caro de París donde las propiedades llegan a costar 16 mil euros –casi 90 mil pesos– el metro cuadrado, el cantante Mick Jagger, los actores Alain Delon, Sofía Loren y la difunta princesa Grace de Mónaco. Entre la farándula argentina, el chocolatero Ricardo Fort y Susana Giménez lo eligen cuando vacacionan en la Ciudad Luz.

Las suites de Le Bristol cuestan entre 1250 y 5400 euros por noche, algo que seguramente no significó ningún problema para el magnate cuya empresa, dedicada principalmente a la producción de azúcar de caña y papel, declaró en 2010 más de 216 millones de pesos de utilidades ante la Comisión Nacional de Valores.
De todas formas, posiblemente ni siquiera las habitaciones de 200 metros cuadrados lo hayan hecho sentir como en casa: su mansión La Torcaza, ubicada en las aristocráticas Lomas de San Isidro, tiene casi dos hectáreas, una superficie bastante mayor a la que podría ocupar en la cárcel si es declarado culpable de los delitos que se le imputan.
Por lo pronto, el titular de la Unidad Fiscal de seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos, Jorge Auat, confirmó ayer que Blaquier regresó a la Argentina y hoy deberá someterse a pericias médicas para determinar “si se encuentra en condiciones de prestar declaración” ante la justicia de Jujuy en el marco de la causa por La Noche del Apagón. Ya había sido citado el pasado viernes 18 de mayo, pero sus abogados justificaron su ausencia por encontrarse en medio de su periplo europeo.
Siempre que fue consultado, negó su participación en los hechos que se le imputan. “En este país, a todo el que tiene guita lo ataca la zurda”, respondió sin empacho durante una entrevista que brindó al diario La Nación en 2010.

Fuente: Tiempo Argentino

Revelan historias de secuestros, torturas y abusos

“Quisieron reducirnos a la nada”

Secuestradas en los pueblos que dependen del Ingenio Ledesma, empiezan a hablar de las torturas, pero también de los delitos de violencia sexual que padecieron. El pueblo, ayer y hoy. Las “reuniones para no llorar”. “Quisieron tomar nuestro espíritu, que es algo que no podían tener”, dice una de ellas.

Por Alejandra Dandan - Desde Libertador General San Martín

Hilda Figueroa se para en la reja de entrada de la puerta de la casa, en medio del pueblo del Ingenio Ledesma, que aún actúa como una fuerza de ocupación. “Las torturas y los golpes eran más dolorosos que las violaciones”, había dicho. “Nos dejaron una secuela terrible: ellos quisieron reducirnos a la nada, como diciendo: ‘No son nada, miren lo que podemos’. Tal vez buscaron exterminarnos psíquicamente, eso; a nosotras las mujeres, pero también a los hombres.” Ya sobre la puerta de la reja, mientras se dispone a cerrarla, vuelve a la escena como si siguiera pensando: “Quisieron tomar nuestro espíritu, que es algo que no podían tener”.

En los últimos dos años, mientras algunas causas de lesa humanidad intentan recuperar las historias de los detenidos desaparecidos en clave de género, para definir, entre otros aspectos, los delitos de violencia sexual; mientras ese mismo eje abre debates sobre por qué volver a ese lugar de esta manera y en todo caso, cómo hacerlo; mientras sucede todo eso, entonces, en Jujuy un grupo de mujeres recoge datos sobre escenas a las que en muchos casos recién ahora intentan ponerles palabras. Entre ellas están quienes fueron secuestradas en la sucesión de siete noches de apagones de julio de 1976, pero también las que habían llegado antes a la cárcel. Entre ellas empezaron a trabajar sobre la violencia sexual, pero en el medio de los temblores que empiezan a provocar los movimientos en los expedientes más importantes de la provincia, hay quienes hablan por primera vez del secuestro.

“A partir del año pasado, una de las compañeras me contó que este (el de los delitos sexuales) es un planteo que se está haciendo en otros lugares”, dice Hilda. “Ella me lo cuenta en noviembre del año pasado, acá lo empezamos a trabajar, pero era difícil: entonces lo nombrábamos al pasar.”

Los datos acerca de “eso” que todavía no se nombraba empezaron a aparecer a partir de una planilla. Un grupo de ex presos políticos salió a timbrear casa por casa a los ex compañeros para hacer un censo y ver en qué condiciones vivían. Si tenían casa. Si tenían o no tenían obra social. En el camino, una de las compañeras a la que muchos habían escuchado gritar durante el secuestro por situación de violación, se encontró con un relato parecido durante el relevamiento. Cuando volvió, se lo contó a las otras compañeras en un encuentro al que llaman: “Reunión para no llorar”. Les dijo que a ella también le venían escenas, pero no las recordaba, como si algo se le hubiese ido a otra parte.

“Ella se puso muy mal y decía: ‘Yo no me acuerdo’ y nos relata ciertos manoseos, algunas cosas, pero no más. Consultamos con un psicólogo que nos habló de los ‘recuerdos encubridores’, que son como un defensa para no sufrir. Así empezamos a trabajar sobre el tema, primero decíamos que íbamos a hablar de ‘eso’ y después seguimos y seguimos y a esta altura nosotros podemos hablar y hablar de violación. Podemos verbalizar la palabra: hemos llegado a que el delito está ahí y afuera de nuestros cuerpos”, cuenta Hilda.

–¿Vos lo estás diciendo por primera vez ahora?

–No, siempre lo dije. Lo que pasa es que siempre hablaba de mí. Y hace poco empecé a hablar de nosotros. Porque a todos nos pasó lo mismo. Empezamos a hablar de los otros. Ahora yo hago un mensaje sublimado como parte de un colectivo: nos desaparecieron, nos violaron, nos torturaron. Entonces ya es un mensaje más fuerte.
La salida

En los años ’70, en el Ingenio Ledesma funcionaba el único hospital del pueblo y la única escuela. Aunque ahora las dos instituciones pasaron a manos del Estado nacional, los habitantes del departamento de General San Martín suelen hablar de Ledesma en términos de Estado. En el aeropuerto de Jujuy, el cartel de bienvenida a la provincia es un letrero de la empresa. En la sede del Ingenio está instalada una delegación de Gendarmería a la que los vecinos mencionan como “la comisaría”. En las calles de los barrios de alrededor en vez de patrulleros de la policía circulan trailers de Ledesma, los mismos que circulan en los relatos de las víctimas de la Noche del Apagón y actualizan la certeza de sentirse perseguidos.

Las mujeres de las tres localidades cuyas vidas dependen del Ingenio y fueron secuestradas o detenidas antes o durante la dictadura, en la lista que elabora Hilda son unas veinte. Pero no son las únicas, porque muchas todavía no se animaron a hablar.

En una casa vecina a la de Hilda acaban de reunirse tres mujeres. En compañía de esta cronista hay un abogado de las querellas de la causa del Apagón que representa a los organismos de derechos humanos. Es un aliado. Ante él estas mujeres deciden ponerse a hablar. “¿Usted cómo se llama?”, le pregunta el abogado a una de ellas. “¿Nunca habló?”, insiste. Ella todavía llora como un niño que vuelve al terror por primera vez. Se estremece. Explica cómo, la madrugada del 21 de julio de 1976, se acercó a la “comisaría” del pueblo porque le habían dicho que habían detenido a su hermano. Ella entró en ese lugar durante no más de seis u ocho horas, pero en realidad todavía no parece haber salido.

“Yo tengo miedo, sabes por qué –le dice–, porque demasiado ya he pasado. Yo la he pasado horrible. Nosotros no dormíamos. Pasaba una noche, cortaban una luz, pasaban dos días, cortaban la luz y llevaban a otro. ¡No sabíamos si nos tocaba a nosotros o a otros hermanos! O a mi esposo, que casi se lo llevan también. Yo tenía mi chiquita de diez meses, y no lo han llevado a mi esposo no sé por qué, porque tuvo un Dios aparte, si no esas criaturas hubiesen terminado solas. Cuando yo llegué de vuelta, estaba mi esposo con la casa toda dada vuelta. Y él me dice: ‘A mí me tenían atado’. ¿¡Qué iba a hacer con las tres criaturas!? ¿Con quién se iban a quedar? ¿Solas? ¡No! Yo tenía miedo. Porque iba a esperar a mi hermano: a ver si aparecía o no aparecía, como hacíamos todos, como se hacía con los que venían de la guerra, ahí, a la plaza: íbamos desesperados para esperar a ver si ellos venían.”

Hilda vive a unas cuadras de ahí. En el mismo barrio. Ella estudiaba abogacía en Tucumán, la habían operado de una pierna, llevaba quince cirugías por las secuelas de una polio y estaba esperando la última intervención para poder caminar sin aparatos ni muletas para marzo de 1976. El 24 de marzo su madre se la llevó de Tucumán de nuevo a su pueblo en Calilegua, vecino a los Blaquier. La madrugada del 20 al 21 de julio, la primera de las siete noches de redadas en torno del Ingenio, se llevaron de Calilegua a doscientas personas. Hilda era una de ellas.

“Yo supongo que me llevaron porque tuve una militancia, en cuanto a ponerme en contra del tríptico: era un proyecto del ministro de Educación que quería poner un año de ingreso en la Facultad de Derecho. Yo andaba por todos lados haciendo notas en el centro de estudiantes de Derecho, era muy petardera con el tema de las notas. De reunirme con el decanato, con el secretario académico y bueno, yo andaba ahí. Esa es mi interpretación, porque en Calilegua la cosa era distinta: yo era la excluida de la familia, pero el resto eran todos ‘ledesmistas’; mi tío era jefe de recepciones laborales del Ingenio, todos eran nariz parada, no era que porque yo caí presa no nos hablaban: ya no nos hablaban desde antes. Así que si fuera por eso (Ledesma), no me tendrían que haber llevado porque yo era de las familias de staff. La única casa tiroteada fue la mía. Lo que yo pude recoger es que a un policía de la provincia que habían mandado para que vaya a controlar quién entraba en mi casa y quién salía y cómo yo estudiaba con un grabador nacional, porque estaba toda modernizada, cuando lo vio hizo una acusación como que yo tenía una radio clandestina.”

Arriba de una mesa, Hilda tiene papeles, archivos y una lista con nombres de quienes hicieron Inteligencia en Salta y Jujuy. “Para que te des una idea mejor de lo que pasó voy a dibujarlo”, dice y agarra un papel. “En ese momento no se llamaban todos los pueblos como ahora que están todos en el departamento de General San Martín; en ese momento había tres localidades: una era Calilegua, al lado estaba la localidad de Ledesma y al lado General San Martín.”

Las sucesiones de secuestros que duraron hasta el 27 de julio de 1976 les permitió a las patotas levantar a obreros sindicalizados y estudiantes que estaban relacionados con la historia reciente de cada uno de esos pueblos. En Calilegua, dice Hilda, había una empresa, la de los Arrieta, dedicada a los cítricos y madera, que a comienzos de 1970 se fusionó con Ledesma. Las topadoras barrieron con los naranjales en la fusión y “ahí empieza el quilombo: plantan caña, los pueblos originarios que trabajaban en las naranjas se quedan sin trabajo, muchos de estos obreros que tenían sus casitas ahí después de mucho tiempo de negociación pasan a trabajar al Ingenio y a la zafra, pero tampoco pasan todos porque ya llegaban las máquinas: primero semimecanizadas, después mecanizadas: una máquina reemplaza primero a diez familias, después a cincuenta”.

Con la caída de Calilegua cayeron muchos de los obreros organizados en torno de la lucha del sindicato previo a la fusión. En ese pueblo, la primera noche se hizo la redada más grande: se llevaron a doscientos de ahí, dice Hilda, a cuarenta de Ledesma y a diez de General San Martín. En las siguientes noches levantaron a otras cien personas. “A todos nos secuestran de nuestras casa: estábamos durmiendo, entran a la casa rompiendo todo, asustando a la gente, a la familia, a los chicos. A los que no encontraban les dejaban un mensaje para que se presentaran al día siguiente, y la gente se presentaba. De nuestra casa nos llevan y nos iban cargando en una especie de celular: eran nueve celulares que llegaron al Ingenio a eso de las nueve de la noche (del 20 de julio), varios Unimog, camiones del Ejército. Yo me hacía la canchera: como había vivido en Tucumán tenía normalizados los helicópteros y así que le dije a mi mamá que debía ser un operativo rastrillo. Conclusión: esa noche parece que les quedaron cortos todos los vehículos que traían para levantar a tanta gente y ahí entró la colaboración de las camionetas del Ingenio. Que no han de ser muchas, pero sí han colaborado porque la gente vio. Vio. Porque las camionetas tenían un número.”

De las casas, los del pueblo pasaron a la comisaría de Calilegua y luego al destacamento de Gendarmería del Ingenio Ledesma. “Por supuesto ya teníamos vendados los ojos y nos ataban. Nos bajaron primero en la comisaría y nos ponían un número, a mí me prendieron un número acá. Todos se acuerdan los números. De ahí empezó a caminar el vehículo y nos llevaron al Ingenio Ledesma. Ahí había muchos ruidos, muchos móviles, la gente que intervino hacía mucho ajetreo, tocaban el bombo y los tarros y esa noche estuvimos mucho rato ahí.”

Alrededor de las cuatro de la mañana los llevaron a Guerrero, el pueblo donde funcionó una hostería como centro clandestino. “En el traslado no escuché voces de mujeres, pero cuando ya nos tiran en el piso de Guerrero, como en una esquina es como que nos arrinconan a las mujeres”, dice Hilda. Eulogia Cordero de Garnica era la mujer Donato Garnica, el fundador del sindicato de zafreros de Ledesma, comisionado del Calilegua, que a esa altura estaba preso. Se lo habían llevado con otros compañeros, entre ellos Jorge Osvaldo Weisz, vicepresidente de la obra social del sindicato de obreros de Ledesma, recién fundada, a quien la empresa persiguió y sobre el que hizo inteligencia en 1976, de acuerdo con lo que describen los archivos recién encontrados en los allanamientos. Weisz está desaparecido. Donato estuvo ocho años preso. A Eulogia se la llevaron con dos hijos. Ella estuvo un año entre secuestrada y en una prisión de Gorriti. Sus dos hijos Domingo Horacio y Miguel Angel están desaparecidos. Delicia Alvarez era catequista. Se la llevaron esa misma noche. Tenía entre 18 y 19 años. Hilda dice “te la digo corta” y dice que la acusaban de estar de novia con un estudiante universitario tucumano de Calilegua que actualmente está desaparecido. Delicia es otra de las mujeres sometidas adentro de la cárcel. A los nueve días fue liberada.

María Cortez tenía 18 años. Era soltera, hacía la secundaria, estuvo secuestra de nueve a treinta días. Buscando razones para entender un secuestro que en esos pueblos parecen haberse hecho con la lógica de los círculos concéntricos: primero a los militantes, después a los amigos, luego a quien hacía falta, de ella dicen que se la llevaron porque uno de sus tíos era dirigente del PC.

Ana María Pérez es la quinta mujer que Hilda reconoció esa noche en Guerrero. No estudiaba. En los relatos que siguen armándose, a Ana María la secuestraron porque no estaba en su casa, sino que la encontraron en el medio de la calle.
La violencia

Hilda declaró lo que sucedió con ella dentro de Guerrero en un juicio por la Verdad. Estuvo unos días en el centro clandestino antes de ser derivada al penal de varones de Gorriti, en el que se habilitó un pabellón de mujeres. Allí estuvo con Rita y otras mujeres de Ledesma, la mayoría de la escuela Normal, detenidas antes del golpe.

“En Guerrero estuve más o menos diez días, digo más o menos porque yo tenía una visita todos los días de un hombre del que no sé el nombre”, explicó. “Me decía que ya me iba en libertad. El 28 de julio, estando en ese lugar, ahí yo me entero, y no me olvido nunca más, de que era el día de Gendarmería Nacional: porque ese día había como una fiesta y vinieron y me llevaron. Pero ya me habían llevado varías veces antes y abusaron de mí. Pero esa vez me llevaron para que los ayude a hacer empanadas. Me sentaron frente a una mesada en un banquito o una silla y me sacaron la venda y me dijeron que mirara nada más las empanadas que tenía que hacer. Yo pude ver a muchachos jóvenes altos con uniforme de Gendarmería Nacional que hablaban con acentos de Corrientes, de Misiones. En un momento dado me quitaron la venda, me vendaron de nuevo y yo pensé que me llevaban al lugar donde estaba antes, pero me llevaron a otro lado: era una pieza donde había una cama cucheta, donde abusaron todos de mí y como si fuera que alguien importante viniera, me levantaron rápidamente a medio vestir, me llevaron alzada hasta el lugar donde yo estaba y me tiraron cuatro o cinco escalones.”

Funcionario tucumano, a juicio por represor

Fernando Antonio Chaín, funcionario del gobierno tucumano desde 2003 y oficial retirado del Ejercito, fue detenido y está siendo juzgado desde el lunes en Salta por crímenes de lesa humanidad cometidos en vísperas y durante la dictadura.

El subsecretario de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad Ciudadana de Tucumán, es uno de los 19 imputados en el juicio oral y público que comenzó esta semana en la capital salteña por torturas, vejámenes, secuestros y desapariciones de 37 personas entre 1975 y 1983.

A Chaín, quien en el momento de los hechos era subteniente instructor en la guarnición del Ejército en Salta, se le imputa concretamente haber participado en las desapariciones del soldado conscripto Víctor Brizzi, el estudiante Martín Miguel Cobos, cuñado del anterior, las docentes universitarias Silvia Benjamina Aramayo y Gemma Fernández Arcieri, y el esposo de ésta, Héctor Gamboa. Todos ellos eran militantes de la Juventud Peronista .

Anoche, ante una consulta de Clarín , la jefa de prensa del Ministerio de Seguridad Ciudadana de la provincia, Mariana Lucenti, manifestó que “apenas se conoció su situación, Chaín presentó la renuncia y se le aceptó”.

Sin embargo, la vocera dijo no poder precisar cuándo se conoció la situación de Chaín, ni cuándo presentó su renuncia, ni tampoco cuándo fue aceptada.

Desde el Ministerio de Seguridad Ciudadana comentaron asimismo que Chaín no fue nombrado por el actual ministro Mario López Herrera sino que éste lo heredó de su predecesor en el cargo, Pablo Baillo.

Rubén Elsinger

El principio del cambio en Ledesma

 Por Adriana Meyer

Una parte de las pruebas que activaron la adormecida investigación sobre la desaparición de Luis Arédez, ex dirigentes sindicales, obreros y estudiantes jujeños estaban intactas, guardadas en cajas que aparecieron cuando la Justicia decidió, luego de décadas de mirar hacia otro lado, allanar las propiedades de Ledesma. Incluso algunos papeles habrían estado enterrados en el predio del ingenio. No es la primera vez que aparecen documentos que acreditan las prácticas del terrorismo de Estado, pero la constante de los represores fue la destrucción de todo indicio. La dictadura incluso estableció por decreto la garantía de su propia protección. Sin embargo, los dueños de la tierra, de la vida y de la muerte en Libertador General San Martín confiaron en que nadie jamás los tocaría, y no los incineraron. Es la esencia de la impunidad con la que dominan intocables en ese pueblo, que hasta pierde su nombre cuando lo llaman Ledesma. ¿Cómo se explica si no que ni Olga Márquez de Arédez ni los demás pobladores que se enferman de dolencias respiratorias causadas por el bagazo (desecho de la caña de azúcar) nunca hayan podido obtener en el hospital local un diagnóstico que diga “bagazosis”? Libertador-Ledesma es la localidad de América con el promedio de vida más bajo: 43 años. Durante décadas, los Blaquier cosecharon denuncias –que tampoco prosperaron– de miles de empleados enfermos por trabajo insalubre que fueron despedidos. La mayoría no completaban los 30 años de aportes para obtener la jubilación, y tampoco podían acceder a ella por no tener 65 años de edad. Los Arédez no fueron los únicos pero sí de los primeros y más visibles que resistieron a los Blaquier. Eran las ovejas negras en medio del miedo y el silencio, junto a dirigentes como Jorge Weisz, Carlos Patrignani y Hugo Condorí. A fines de los años ’50, el médico pediatra Luis Arédez era “un mediquito zurdo” que tenía el “gesto demagógico” de recetar remedios caros para los obreros del ingenio, según lo definió el capataz Mario Paz en la película Sol de Noche, de Eduardo Aliverti. “Nosotros coimeamos a todos pero no dejamos las impresiones digitales”, fue la confesión que se le escapó a Paz ante cámara. “Mi marido sacó la estadística de que entre agosto y octubre morían de diez a quince chicos de los trabajadores del ingenio por día, llevaba las denuncias a los ministerios y todas las cajoneaban”, contaba la esposa de Arédez, que era odontóloga.

En 1973 el Partido Justicialista le pidió a Arédez que fuera intendente de Libertador, y aceptó con la condición de que apoyaran su programa: exigir a la empresa Ledesma el traspaso de tierras a la municipalidad, por ser dueña de cerro a cerro en el valle de San Francisco, y que pagara los impuestos de sus tierras y de la fábrica, para poder realizar obras sin depender del gobierno provincial. Durante los ocho meses que duró su gestión, Ledesma pagó tributos sólo por uno. Arédez fue acusado de ser un “infiltrado marxista” y le pidieron la renuncia. Un grupo de civil con ametralladoras tomó la intendencia y lo desalojó. En enero de 1976 el Ejército allanó la villa veraniega de la familia en Tilcara, y el 24 de marzo de 1976 los represores lo sacaron de su casa y lo subieron a una camioneta blanca con el logotipo de Ledesma. Entre el 22 y el 27 de julio, durante la Noche del Apagón, operativos similares secuestraron a unas 400 personas en Libertador y Calilegua, de las cuales 30 siguen desaparecidas. A Luis Arédez lo liberaron el 5 de marzo de 1977, pero su destino ya estaba signado: desde 13 de mayo, que fue secuestrado en la ruta cuando salía del hospital de Fraile Pintado, permanece desaparecido. Y desde entonces su esposa Olga se puso un pañuelo blanco en la cabeza y empezó a marchar en la plaza de Libertador. Primero con otras mujeres, hasta que fallecieron y siguió dando vueltas sola.

Hace siete años, quienes participamos de la multitudinaria marcha por la Noche del Apagón fuimos infiltrados y espiados con absoluta impunidad por una empresa contratada por Ledesma. Algunos colegas experimentados se dieron cuenta de que nos vigilaban, otros marchamos inadvertidos desde Calilegua hasta Libertador y lloramos porque era la primera manifestación sin Olga. Antes de morir de un cáncer inducido por la bagazosis, ella había dejado preparados los detalles de la organización, y una denuncia contra el ingenio para que el acopio del desecho de la caña a cielo abierto dejara de contaminar a su pueblo. Cuando sus cenizas se mezclaron con la tierra de la plaza donde marchó tantos años reclamando por su marido desaparecido, se escuchó el lamento de las copleras, mineras e indígenas, obreras “golondrina” que encomendaban su alma al cielo, mientras las demás mujeres y hombres que siguieron sus pasos en la militancia social gritaban “¡presente!”. “Tengo la esperanza de no irme de este mundo sin que algún gobierno le exija a la empresa que ponga filtros en las chimeneas y que saquen esa montaña de desecho de bagazo que enferma a la gente; alguien tiene que tomar la decisión, que estos señores feudales paguen sus impuestos”, había dicho Olga antes de morir, en marzo de 2005.

El documental de Fernando Krichmar, Diablo, Familia y Propiedad, relata una leyenda según la cual los dueños de los ingenios azucareros tenían un pacto con el Diablo, llamado El Familiar, que consistía en entregar determinada cantidad de trabajadores por cosecha para alimento del Familiar, y a cambio tendrían prosperidad en los negocios. Algunos historiadores asocian este mito a las desapariciones durante la dictadura, otros sostienen que su origen es mucho más antiguo. En cualquier caso, la reactivación de los procesos por delitos de lesa humanidad en Jujuy quizá marquen que llegó la hora de ponerle nombre y apellido al “Familiar”. Algo empezó a cambiar en Libertador-Ledesma, el temor reverencial que allí se respira ante el poderoso gigante del azúcar habría comenzado lentamente a quebrarse. Y aunque el dominio del feudo de los Blaquier se resiste, las conciencias que los Arédez despertaron anhelan que sea el principio del fin de la impunidad.

“A 36 años del Apagón en Ledesma”

Conferencia de Prensa-Lunes 21 de mayo de 2012 - Local de CTA Nacional: Lima 609 a las 17:30 hs.

“A 36 años del Apagón en Ledesma”

Por el fin de la impunidad y el juzgamiento a los autores intelectuales  del genocidio y el terrorismo de estado.

El próximo 12 de julio comenzará en la Provincia de Jujuy el Primer Juicio por Violaciones a los Derechos Humanos cometidos en la última Dictadura. Se han unificados las 5 causas para acelerar los procesos de juzgamiento y condena.

Informamos que el día 26 de abril del corriente, en el allanamiento efectuado en una de las oficinas de la empresa Ledesma, en el marco de las causa relacionadas con La Noche del Apagón, se han descubierto documentos que servirán para dicha causa en donde se comprueba la participación la empresa Ledesma en delitos de lesa humanidad.

En dicho allanamiento se han encontrado archivos deinformación de investigación de dirigentes sociales, sindicales y de derechos humanos que han participado en la Marcha del Apagón del año 2005, y además informes de tres detenidos desaparecidos de Libertador Gral. San Martín, Weisz, Patrigniani y Garnica. Este informe es una clara demostración de que la empresa Ledesma ha tenido participación directa con los delitos cometidos durante el terrorismo de estado.

En este marco, la justicia ha citado a declaración indagatoria al ex administrador del Ingenio Ledesma Alberto Lemos el día17 de mayo, quién concurrió, negándose a declarar y presentando un descargo por escrito.

Asimismo ha citado a declaración indagatoria al dueño y titular del directorio Carlos Pedro Blaquier el día 18 demayo, quién envió por medio de sus abogados una constancia médica por enfermedad. Al momento no existe la certeza que el mencionado se encuentre en el país.

Por lo expuesto las organizaciones de derechos humanos realizaremos:

-  Un habeas corpus colectivo.
- Exigimos que el estado garantice el cese de las prácticas deespionaje en democracia.
- NO permitiremos que en democracia se mantengan los métodos aplicados en el terrorismo de estado.
 - Exigimos que la justicia garantice la seguridad de cada compañero mencionado en el informe hallado, así como a sus familias, ya que se ha cometido una violación de las leyes de protección de los datos personales.
 -Solicitamos que la justicia tome las medidas necesarias para establecer el estado de salud de Carlos Pedro Blaquier, así como si ha salido del país.

NUNCA MAS DICTADURA, NUNCA MAS IMPUNIDAD, NUNCA MAS ESPIONAJE.
Los cómplices civiles de la dictadura también son genocidas.
El poder económico también fue partícipe de la dictadura.
 
30.000 detenidos desaparecidos, Presentes!!!!!!!!! Ahora y siempre
Aparición  con vida de Julio López Ya!!!
Basta de impunidad, no olvidamos no perdonamos no nos reconciliamos.
Memoria verdad y justicia.

Convocan:
SERPAJ
Madres Línea Fundadora, Mirta Baravalle, Nora Cortiñas, Elia Espen.
CAPOMA DDHH
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos
CTA Nacional

Adhieren:
Hijos Oeste
Observatorio DDHH CTA Capital
Área DDHH ATE Capital
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Herman@s de Desaparecidos por la verdad y la justicia
Unión Por Los Derechos Humanos La Plata
Centro de Abogados por los Derechos Humanos-CADHU
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CeProDH
Colectivo Abogado Populares La Ciega
Iconoclasistas
Stella Bassi (Autora de Piedra que Late)
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad
La Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada
Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza
Grupo de Investigaciones Del Genocidio En Tucuman – Giget
Tupac Amaru
Alejandro Bodart y Vilma Ripoll MST
Mario Hernández. Periodista. Miembro de la Com. Dir. de la Coord. de Medios de la CABA – COMECI
Lic. Amabe Amalia Molinari

Continúan las firmas…
Enviar adhesiones a:  grupoaccionddhh@yahoo.com.ar

Las fotos del informe del ingenio Ledesma

Los documentos de Ledesma

Ver galería de fotos

Testigos de la Noche del Apagón reciben amenazas : "Acuérdense de López"

El juez abrió una denuncia por espionaje ilegal

Las carpetas halladas en allanamientos vinculados con el ingenio Ledesma, con informes sobre desaparecidos en los ’70 e incluso sobre participantes en las marchas realizadas en democracia, motivaron la denuncia presentada por el juez.

Desde Jujuy

La Justicia Federal acaba de iniciar un nuevo expediente para investigar al ingenio Ledesma. Esta vez ya no por los delitos de la dictadura sino por las actividades de espionaje ilegal durante la democracia. El juez federal Fernando Poviña acaba de abrir con una denuncia ese camino: envió una resolución a la fiscalía federal y en ella denuncia la posible comisión de un delito de violación a la Ley 25.520, de Seguridad Nacional que protege los datos de las personas. En la resolución, señala que el análisis de la documentación secuestrada en una de las sedes del consorcio azucarero de Pedro Blaquier estaría indicando que se llevó a cabo ese delito penal. En la resolución, el juzgado incluyó una copia certificada de la carpeta de 300 páginas que se encontró en el allanamiento y que lleva por nombre “Informe sobre las acciones desarrolladas en el marco de la XXII Jornada de Derechos Humanos y Cultura en Libertador General San Martín, Año 2005, 29 Marcha del Apagón”. En tanto, mientras los organismos de derechos humanos locales impulsaron un hábeas data colectivo en una causa paralela, la certeza de que la empresa aún ahora sigue realizando este tipo de prácticas genera miedo en la población de Ledesma, sobre todo entre quienes deben ser testigos de los próximos juicios. Ayer, una de las testigos más emblemáticas de la Noche del Apagón, Eulogia “Rita” Cordero de Garnica, se lo decía a Página/12 mientras un trailer de la empresa Ledesma, como aquellos que se usaron en los secuestros de 1976, atravesaba en ese mismo momento el alambrado de la pobrísima casa donde vive.

Un hombre que ella casi no conoce pasó por la puerta de su casa en los últimos días y le dijo: “Pero tenga mucho cuidado porque los dinosaurios andan sueltos”. Y cuando ella le dijo “bueno”, él agregó: “Mire lo que le pasó a (Julio) López”.

–¿Eso le dijo?

–Así me dijo –dice Rita–. Y yo le dije: “Y bueno, una vieja menos”. Así me lo dijo, sentado ahí él y yo acá. “Si me llevan, que me lleven”, le dije. Lo lamento, porque van a quedar mis otros hijos y mis nietos por criar. Eso es lo que siento. “Y hay que ver si me pueden llevar”, todavía le dije. Y cuando le dije: “A mí no me hables más de estas cosas, si vos querés preguntar, andá a otro lugar a preguntar, pero a mí no me preguntes”, se fue, no volvió nunca mas.

 
La nueva causa
Poviña le envió a la fiscalía la nueva denuncia por los hechos de 2005 el viernes pasado. Allí no impulsa una investigación porque un juez no puede hacerlo, sino que hace una denuncia a partir de los elementos que recogió en los allanamientos simultáneos que ordenó en dos de las sedes de la empresa Ledesma en Jujuy, el 26 de abril. En la denuncia, el juez habla de una posible comisión de un delito contra la Ley de Seguridad Nacional y aunque ahora debe ser la fiscalía la que valore la entidad de los datos y decida si impulsa una investigación, la resolución del juzgado es todo un dato: está indicando de alguna manera la decisión judicial de encuadrar el material encontrado como material de espionaje ilegal.

Los documentos que se encontraron en una de las dos sedes de Ledesma, el 26 de abril, se localizaron después de años con la causa paralizada, de las denuncias de cada una de las víctimas y de la inacción de los jueces federales que habían estado hasta ese momento a cargo de la investigación. Poviña ordenó los allanamientos sólo diez días después de asumir en el juzgado. Entre los materiales, secuestró documentos de la época de la dictadura, como los legajos de los obreros, uno de los cuales era un dirigente gremial que está desaparecido. El legajo contenía un informe de Inteligencia sobre sus actividades familiares y políticas. Pero entre los documentos aparecieron además los informes que revelan un escalofriante detalle de seguimiento minuto a minuto de los preparativos de la Marcha del Apagón de 2005, una actividad que se realiza todos los años durante el mes de julio para recordar el secuestro de 400 personas en 1976. En el informe figuraban los datos de las patentes de los autos, los nombres de las personas que participaron, con la filiación política o el lugar de donde provenían. Estaba el contenido de las charlas informales que mantuvieron los dirigentes que llegaron de todo el país y los datos de lo que se había dicho durante los actos.

Cuando todo esto se conoció, la semana pasada, la noticia generó el repudio de las organismos de derechos humanos de todo el país y promovió una presentación de hábeas data colectiva en Jujuy y dos denuncias en el Ministerio de Justicia de Nación, a cargo de Julio Alak, y en el de Seguridad de Nilda Garré. Las denuncias y el hábeas data hasta ahora no habían generado sin embargo ningún tipo de respuesta sobre la responsabilidad penal que podría caberle a la empresa por esas prácticas.
Los dinosaurios andan sueltos

Rita declaró durante el Juicio a las Juntas. Fue una de las mujeres secuestradas durante la semana del 20 al 27 de julio de 1976, en lo que se recuerda como la Noche del Apagón. Su marido Agustín Donato Garnica era el fundador del sindicato de zafreros de Ledesma y a esa altura estaba preso. El 20 de julio, los carros que levantaron a 200 personas en esa noche la levantaron a ella de su casa y con ella se llevaron a dos de sus hijos: Miguel Angel y Domingo Horacio, que siguen desaparecidos. Rita estuvo secuestrada seis meses. Su marido pasó siete años en la cárcel. Ella perdió su casa, y la vida en ese momento. Hoy está casi ciega, se sostiene con una vara de madera y apenas ve sólo por el costado de uno de los ojos. Allí, en la casa de una de sus hijas, en este pueblo de Ledesma que todavía está paralizado por el poderoso efecto de opresión que genera la compañía, ella había conseguido ganarse unos pesos en los últimos meses cuando un vecino decidió estacionar su auto en el patio de entrada de la casa. La semana pasada, cuando empezaron a escucharse las últimas noticias sobre el pedido de indagatoria a Blaquier y su salida del país, en el pueblo comenzaron nuevamente a agitarse los fantasmas que señalan a los ex detenidos como subversivos; y aquel vecino nunca volvió a estacionar el auto en la casa.

–¿Qué está sintiendo usted en estos días?

–Es lo que yo siempre decía –dice Rita–; éste se va a mandar a mudar en cualquier rato. Yo sabía que se iba a mandar a mudar y no sé si va a llegar a juicio. Es mi conciencia que me dice así; ahora no sé, otros piensan de otra forma.

–¿Tiene la sensación, sin embargo, de que hay avances?

–Sí, por ahí, sí... ¡pero después de tanto tiempo! Treinta y seis años llevo esperando. Yo ya no puedo.... Antes cuando estaba bien, yo iba y venía a Buenos Aires, por todos lados, ¿por dónde no he andado? Y sola. Nunca me pasó nada. Y nunca he podido saber dónde están mis hijos. Pero yo ahora no puedo más. Les dije el otro día a los abogados que se acabó: yo ya no salgo más, si tengo que declarar, preséntenme todos los escritos. No puedo caminar, no puedo andar. ¿Qué voy a hacer? Y son 36 años, ¿no? Y si en 36 años no se ha hecho nada... Yo ya estoy perdiendo la esperanza: viviré con el recuerdo de mis hijos y nada más, que los mataron, qué se va hacer.

En los últimos días, pasó aquello del hombre que apareció en su casa. Rita lo conocía de vista. Entró. Se puso a conversarle de algo que ella todavía intenta entender en medio de esa sensación de desestabilización que se acentúa no sólo porque no encuentra el cuerpo de sus hijos sino porque el avance de la ceguera y de la edad parecen ir dejándola sin tiempo.

–Ahora me dicen por ahí: “No salga afuera, doña Rita, porque pueden llevarla”.

–¿A dónde podrían llevarla?

–Que me pueden raptar, me decían. Vino un muchacho los otros días que pasó por la puerta y se me puso a charlar. Yo lo tenía visto de algún lado. “Nunca me pasó nada”, le dije. Aquí las veces que me citaron a declarar me fui sola. Me fui sola a todos lados. Cuando me llamaron a declarar a Buenos Aires no me acuerdo si estaba viviendo acá, pero yo agarré, me vine en vehículo a Jujuy, qué me iba a tomar el avión. Así que me pongo a pensar y le dije (al muchacho): si nunca me han hecho nada, ¿a esta altura me van a llevar? Y esa persona me dijo: “Todo puede ser, por lo que usted habla”. Y yo le dije: “Pero digo la verdad, no digo mentiras. A mí me llevaron nada más por el asunto de que mi marido era sindicalista”. Y el (muchacho) me respondió: “Tenga cuidado, doña Rita, porque los dinosaurios andan sueltos”. Y como yo no lo conocía a ese muchacho bien y no veo bien, le dije “pase”. Me dio el nombre. Y quería él que le cuente todo lo que había pasado. “Ah –le dije–, compre el diario, porque yo no quiero ya hablar de estas cosas.” Entonces me dijo: “Pero tenga mucho cuidado porque los dinosaurios andan sueltos”. “Y bueno”, le dije. Y me dijo: “¿Qué le pasó a López?”.

–¿Eso le dijo?

–Así me dijo. Y yo le respondí: “Y bueno, una vieja menos”. El estaba sentado ahí y yo acá. Si me llevan, que me lleven. Lo lamento porque van a quedar mis otros hijos y mis nietos por criar. Eso es lo que siento. Le dije que a mí no me hable más de esas cosas, que si quería preguntar vaya a otro lugar. Se fue, no volvió nunca más.

–¿Le pareció una amenaza?

–No me da miedo, pero me entra miedo –dice Rita–. Un vecino me dijo recién: “Si usted siente algo, grite, doña Rita”. Yo creo que no van a poder entrar porque la reja está con llave, a menos que salten por arriba. Pero a mí me entra miedo, sí. Pero después, con todo el miedo, digo “no, el espíritu de mis hijos me acompaña”. Porque tanto que he andado y nunca pasó nada. ¿Y justo ahora tiene que pasar? Es que sí, todavía quedan algunos secuaces y alcahuetes de Blaquier, porque como yo digo siempre: cada obrero tiene un alcahuete.

“Razones para pedir la detención”

Pablo Pelazzo, abogado de los organismode Derechos HUmanos de Jujuy

La causa por la Noche del Apagón, que involucra a Pedro Blaquier, estuvo frenada muchos años. Cuando cambió el juez, Blaquier viajó a Europa. Los abogados de la querella siguen recabando pruebas.

Carlos Blaquier eludió la indagatoria en Jujuy con la presentación de un certificado médico. Decía que sufría problemas cardíacos y que debería tratarse en Inglaterra y Francia. Dejó el país justo un día antes de que asumiera el nuevo juez de la causa en la que está imputado como uno de los responsables de la Noche del Apagón. Sus abogados confirmaron ayer esa situación, dato que, sin embargo, aún no figura en el expediente. ¿Qué harán los abogados de los organismos de derechos humanos jujeños en este escenario? ¿Qué hay de nuevo en la causa? Y ¿cuáles son las razones jurídicas y políticas por las que Jujuy pasó a ser la provincia en la que las investigaciones sobre el terrorismo de Estado estaban paralizadas a ser la primera jurisdicción en avanzar con “la pata empresaria” de la última dictadura? Pablo Pelazzo es uno de los abogados querellantes, parte de un equipo que integran miembros de los organismos de derechos humanos, entre ellos Eva Arroyo, de Hijos, pero al que se sumaron sociólogos para cruzar datos que sostengan las pruebas para pelear contra un elefante blanco que, como dicen ellos, no es un “muerto político”, sino alguien que todavía tiene poder.

–Blaquier está fuera del país: ¿cómo se llegó a eso?, ¿qué van a hacer las querellas?

–Se llegó después de una prolongación de la impunidad de la que fue responsable el juez (Carlos) Olivera Pastor. El impulso de la causa se viene dando más en la calle que en el expediente. Recién ahora se puede trabajar en el expediente con ciertos hechos, recién ahora se activaron las cosas con las indagatorias, detenciones, y eso generó actividad procesal de parte nuestra, como reforzar los pedidos en los casos en que no hay detenciones. O trabajar para aportar más pruebas para que las indagatorias se completen con la mayor cantidad de hechos y delitos que deberían incluirse.

–¿Cuáles son las causas por las que se lo indaga? ¿Ustedes tienen diferencia con la fiscalía? Porque eso parece explicar por qué el administrador Alberto Lemos no quedó detenido.

–-Ellos fueron llamados a indagatoria en la causa de la Noche del Apagón y la causa Arédez, que tiene cinco víctimas. El fiscal sólo les imputó privación ilegal de la libertad. Nosotros decimos que no está desligada la detención de la tortura, porque apenas se cometen la detenciones, son tabicados y encerrados por una noche en Libertador General San Martín y los trasladan en situación de tormentos: tabicados, atados, con los números asignados y previamente golpeados. Luego son llevados al centro clandestino de Guerrero. Para nosotros se puede imputar la tortura. Ellos tampoco quedan desligados de la desaparición. Entre las 47 víctimas del primer día del Apagón, hay 17 desaparecidos. Pero nosotros, como querellas, no imputamos delitos en este momento, sino que describimos los hechos. Es una cuestión de estrategia, eso tiene que hacerlo el fiscal.

–El juzgado dice que Lemos no quedó detenido por esa situación. Una situación que se repetiría con Blaquier.

–Sí, de todas formas nosotros sostenemos que no consideramos que la detención dependa de la expectativa del monto de la pena. El hecho de que la privación ilegítima de la libertad tenga un monto de pena bajo no implica que automáticamente se pueda otorgar la exención de prisión. No es sólo que hay otros delitos que deberían imputarse, sino que existe el ocultamiento de prueba y la posibilidad de fuga. La posibilidad de fuga la estamos viviendo ahora con la no presentación de Blaquier, y también por la posibilidad material que tienen estas personas de hacerlo. Tienen todos los medios disponibles para poder irse a cualquier lugar del mundo. El ocultamiento de prueba se confirmó con el allanamiento: ellos mantuvieron 36 años esos legajos y documentación. Hay legajos de inteligencia a uno de los desaparecidos que tiene como responsable a Ledesma. Esas razones son suficientes para pedir la detención.

–¿Y la van a pedir?

–Ya está pedida. Pedimos la revocación de la exención de prisión en Lemos, el juez la rechazó y vamos a apelar. En relación con Blaquier, pedimos la detención y todavía no resolvieron ese pedido. No tiene un plazo para hacerlo, pero este nuevo juez (Fernando Poviña) nos contesta los escritos; el otro ni siquiera nos contestaba porque sostenía que la querella no tenía facultades para hacerlo.

–En el juzgado señalan que por primera vez Lemos y Blaquier están presentando papeles en la causa. Cosa que antes no habían hecho.

–La explicación del resultado del allanamiento es esa seguridad de impunidad que ellos tenían. Creían que nunca se iban a allanar esas oficinas y por eso tenían esa documentación. Por otro lado es probable que hayan actuado sobre seguro ante la falta de acción o trabajo del juez anterior. Probablemente la estrategia ahora es distinta a partir de la asunción del nuevo juez y de que libró orden de allanamiento e indagatoria y el pedido de prohibición de que salgan del país.

–Durante el acto del viernes decías que Jujuy es un caso paradigmático: es la primera provincia que avanza sobre el sector empresario, pero aún no avanzó con los militares porque no tuvo juicios orales.

–Puede ser un caso testigo de lo que fue la represión por varias circunstancias. La economía jujeña tiene que ver con dos polos de desarrollo económico: el azúcar, o sea el ingenio Ledesma, y la minería. Y dos de las causas más importantes de Jujuy vinculadas con crímenes de lesa humanidad son: Mina El Aguilar, con la represión y el ataque a los dirigentes mineros con un referente importante que fue Avelino Bazán, y el ingenio Ledesma, la represión de los obreros organizados y a los estudiantes que apoyaban a los obreros. Teniendo en cuenta esto, no hay forma de investigar los hechos de la dictadura de Jujuy sin investigar a Ledesma. Y eso hace que junto a los represores armados aparezcan los dueños del ingenio, como tendrían que aparecer y ser citados a indagatoria los miembros del directorio de mina El Aguilar.

–La complicidad judicial no fue sólo de Olivera Pastor, el anterior juez de la causa.

–Todos los poderes del Estado históricamente fueron influenciados por Ledesma. Ese esquema de poder que tejió la empresa en lo político o en lo jurídico se expresa a través de la falta de investigación por jueces que obviamente hicieron todo lo posible para no avanzar. El ejemplo más claro es Olivera Pastor, porque le anunciaba a la empresa por anticipado qué estaba investigando. Pero también el abogado Horacio Aguilar, que fue juez antes y es el actual abogado de Blaquier y Lemos. Era el juez que estaba en el lugar en el que se investigaban estas causas: era secretario penal y después asume como juez subrogante, frena la causa antes de Olivera Pastor y hoy aparece como abogado del ingenio.

Blaquier se escapó

Confirman que Blaquier está en Europa - Un viaje oportuno

 Por Alejandra Dandan
Desde San Salvador de Jujuy

El abogado de Pedro Blaquier confirmó que el empresario está afuera del país. Explicó que está en Europa por tratamientos médicos y que se fue antes de que recayera sobre él la orden que le prohibía la salida. Pese a que esa información se conocía informalmente, no estaba acreditada en la causa. La novedad aceleró los tiempos judiciales. Las querellas presentarán mañana un pedido de captura internacional. Pero en el juzgado tienen otros tiempos. Como dentro del expediente los abogados sólo hablaron de un problema de salud, el juez Fernando Poviña ordenó que un perito del Cuerpo Médico Forense acredite su estado. Al trámite le puso “muy urgente”. El paso siguiente es que el Cuerpo Médico cite a Blaquier para examinarlo. El examen sólo puede hacerse en Buenos Aires –domicilio legal de Blaquier– y “de ninguna manera en el exterior”. Si así son las cosas, para evitar que se lo declare en rebeldía, el empresario debería volver a Buenos Aires a examinarse. La citación médica no debería demorar más de una semana.

Blaquier debía ser indagado el viernes pasado en Jujuy, en el marco de la causa por su responsabilidad en la privación ilegal de 27 personas entre las que hay víctimas de la llamada Noche del Apagón y del caso Arédez. Tres días antes del viernes, su abogado Horacio Aguilar –sugestivamente ex juez federal que tuvo a cargo esta causa que nunca avanzó hasta ahora– presentó el escrito para pedir el “diferimiento de la indagatoria” por razones de salud. Allí no decía que el empresario ya estaba fuera del país. Sólo argumentaba que tenía una afección cardíaca y que debía ser atendido en Inglaterra y Francia. En ese contexto, el juez Poviña aceptó diferir la audiencia “por única vez”, no puso una nueva fecha, pero ordenó un examen de un perito del Cuerpo Médico Forense para acreditar ese estado. De las tres alternativas del trámite: normal, urgente o muy urgente, usó esta última. Esto puede ser el camino para acelerar el regreso del empresario. O su decisión de no volver.

Como Blaquier tiene domicilio en Buenos Aires, el Cuerpo Médico de la Corte debe informar a ese domicilio cuál es la fecha del examen. El trámite en estos casos de “muy urgente” suele demorar una semana. Como la orden del juez fue emitida el miércoles pasado, Blaquier debería estar recibiendo una citación para ser examinado en los próximos días. Si vuelve, el perito evaluará su condición. Si no vuelve, una vez que el juez reciba la comunicación, debe tomar una medida y allí sí podrían impulsarse otras acciones.

El defensor de Blaquier, Aguilar, habló ayer por la mañana en una radio porteña. Dijo que el dueño del ingenio estaba fuera del país desde el 15 de abril, pero aseguró que “se presentará cuando la Justicia lo requiera”, pero “siempre que se den las condiciones y garantías” para que el trámite no lo afecte “teniendo en cuenta su edad”.

Las querellas, acostumbradas a años de impunidad y al poderío de Blaquier, pusieron en duda que el empresario acuda a la cita. “Vamos a insistir con su detención y la captura internacional porque entendemos que esto forma parte de una estrategia dilatoria”, explica el abogado Pablo Pelazzo. Sobre el argumento de “falta de garantías”, Pelazzo dijo que “es solo una excusa, ya que las manifestaciones de ayer y el jueves en Jujuy demostraron que todas las organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales que se expresaron lo hicieron sin generar ningún hecho que se pueda entender como violento”.

La hipótesis de que se puede estar construyendo una estrategia de dilación por parte de Blaquier se sostiene con el análisis de otros datos. Entre ellos, la fecha en la que se fue del país y la fecha en la que sus médicos firmaron el certificado. Blaquier salió del país el 15 de abril, como confirmó su abogado. Un día después, casualmente estaba asumiendo en la causa el nuevo juez que reemplazó a Aguilar y luego a Carlos Olivera Pastor, el responsable de haber convertido a Jujuy en la única provincia que no tuvo juicios de lesa humanidad. El otro punto son los certificados. Cuando Blaquier viajó ya tenía en sus manos los certificados médicos: están fechados el 12 de abril, tres días antes de la salida. Lo más extraño es que se expidieron mucho tiempo antes de la fecha en la que se ordenó su indagatoria: el 3 de mayo, el día en que además le prohibieron la salida del país.

Jorge Auat es el jefe de la Unidad Fiscal de Seguimiento de las causas vinculadas con el terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal. “Lo más extraño en torno de la causa son los certificados médicos, no se entienden. Lo común es que cuando un médico te extiende certificados, los entrega para presentarlos ante alguien. Para acreditar algo ante quien lo requiera o no asistir a determinado lugar. En este caso, es extraño que lo hayan hecho sin que Blaquier estuviese citado por el juez. Cuando va al médico, él no necesita esos certificados porque la fecha en la que lo citan para la indagatoria es muy posterior. Ahí queda un interrogante que alimenta legítimas sospechas”, dice. También se refiere a las supuestas garantías que están pidiendo los defensores: “Las garantías las da el Estado de derecho. Basta mirar las resoluciones que fue tomando el juez Poviña. ¡Más garantías que esas! No dispuso la detención y siguió los pasos procesales marcados por el Código. El juez está haciendo el procedimiento de forma absolutamente ajustada”. Queda ahora por ver qué pasará en los próximos días.

“Los Blaquier son responsables de tres genocidios"

Luis Arédez y sus hijos

Hablan los hijos de Luis Arédez
“Se está rompiendo el miedo”

Olga, Adriana, Luis y Ricardo son los hijos de Luis y Olga Arédez. Hablan de la citación del dueño del Ingenio Ledesma por la desaparición de su padre. “Es el fin de una etapa”, dicen. Esperan que las personas del pueblo aporten información a la causa.

 Por Adriana Meyer

“Los Blaquier son responsables de tres genocidios, el aborigen, el terrorismo de Estado y el ambiental”, dice Adriana Arédez, una de las hijos del matrimonio que durante cuatro décadas enfrentó al poderoso ingenio azucarero de Jujuy. Página/12 dialogó con ella y sus tres hermanos sobre el inicio y los efectos del juicio en el que Carlos Pedro Blaquier, sus empleados y policías jujeños están imputados por el secuestro y la desaparición de su padre, el médico y ex intendente de Libertador General San Martín Luis Arédez, entre otras víctimas de la dictadura cívico-militar en esa provincia. Adriana sigue al detalle el expediente y expresa tanto su furia porque todavía hay una “impunidad insoportable” como su esperanza cuando dice que “se está rompiendo el miedo”. Coincide con su hermana Olga en lo que llaman “la diferencia ética entre Arédez y Blaquier” y muestran copias de los estudios cardíacos de su padre. “También padecía arritmias, pero jamás se le ocurrió faltar por eso al municipio, y no tuvo que hacer interconsultas en países extranjeros, en cambio Blaquier lo usa como excusa para escaparse al exterior”, dicen.

La mayor, Olga –56 años dos hijos–, es médica psiquiatra y vive en Villa del Rosario, Córdoba. Adriana, casi un año menor, tiene cuatro hijos, es técnica en Parques, participó en Salta junto a su madre de la fundación de Madres y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en esa provincia, luego se mudó a Catamarca y ahora se trasladó a Tilcara para participar en forma activa en su rol de querellante. Luis, de 53 años, tiene dos hijas, es empleado público y vive en Tucumán, y el menor, Ricardo, tiene 52, es soltero y trabaja en la Universidad de Buenos Aires.

–¿Pensaron que alguna vez iba a llegar este momento?

Ricardo:–No hasta que hubiera un cambio de jueces en Jujuy que puedan llevar adelante una justicia justa, tan necesaria en nuestra provincia. Los sucesivos gobiernos en Ledesma nunca reconocieron la lucha de las Madres en nuestro lugar, como sí lo hizo Néstor Kirchner. Cuando asumió (el juez Fernando) Poviña preferimos esperar, no hacernos ilusiones porque si no nos enfermamos. He visto morir a madres y padres esperando, pero parece que la hora va llegando, necesito saber que va a ser así.

Adriana: –Ni muerta me resigno, mi vieja se murió, pero dejó todo para que sigamos. Vamos a llegar a una sentencia como la que debe corresponder a estos genocidas civiles que han cometido tres genocidios: el aborigen, cuando expulsaron a todos del cerro Calilegua, los fusilaban mientras ellos se defendían con arcos y flechas; el segundo fue el terrorismo de Estado, y el tercero es el ambiental, sobre el cual el Estado provincial sigue haciendo oídos sordos. No reconocen ni registran los muertos por bagazosis, siguen poniendo en los certificados que son alergias. Eso te habla de la complicidad del poder económico y provincial. El gobernador (Eduardo) Fellner dice que hay que investigar, cuando estuvo vinculado con el equipo de abogados de Blaquier. Todo es muy tramposo, hay que conocer muy bien lo que pasa acá.

Luis: –Pensé que al iniciarse el proceso penal los primeros en ser citados iban a ser los represores de menor jerarquía, como (Mario) Patané o (Juan) Kairuz, por aquello de que el hilo se corta por lo más fino, fue una sorpresa cuando llamaron a (Alberto) Lemos y a Blaquier. Pero creo que los acontecimientos del año pasado, a partir de la marcha 28 del Apagón, la toma de tierras y su represión con cuatro muertos, la movilización en Libertador en reclamo de justicia por esos asesinatos de los que aún no se sabe nada, las movilizaciones por la morosidad en las causas por delitos de lesa humanidad del ex juez Olivera Pastor, la designación de un nuevo juez, la unificación de las causas y los allanamientos marcan un encadenamiento de hechos que inevitablemente debía concluir con una clara y firme intervención de la Justicia, era insostenible seguir con actitudes dilatorias. Para tener una dimensión, son 35 años de movilizaciones y reclamos de justicia ante cien años de impunidad.

Olga: –Los organismos de derechos humanos, nosotros como familiares de víctimas el terrorismo de Estado, nuestros representantes legales avanzamos constantemente hacia la búsqueda de justicia, así es que sí, lo pensé. Tengo buenas expectativas en esta lucha de poderes donde no debemos dejar de apoyar a nuestra Presidenta en la consolidación del modelo, que llevará un tiempo para implementar los cambios que desearon y por los que dieron la vida nuestros queridos desaparecidos.

–¿Qué les produce la no comparecencia de Blaquier en la indagatoria y la posibilidad de que se haya ido del país?

A.:–(Furiosa.) Estuve con el juez de la causa luego de la declaración de (el ex administrador Alberto) Lemos, y se burlan de todo, es una impunidad insoportable. Hizo un descargo por escrito, fue a la hora que quiso porque no quería tener una movilización ni un pañuelo blanco cerca, los odian. Y puso sus condiciones. El juez le dijo que mientras no estuviera el fiscal no podía indagarlo, y como el fiscal es un heredado de Olivera Pastor apareció subordinado a los poderes y le tomó declaración. Además mintió, dice que era muy amigo de mi papá, que veían partidos de fútbol juntos y eso es imposible, no hubiera estado ni un segundo mi padre con una persona así. Y niega haber recibido a mi madre, siendo que yo la llevé en el auto con una amiga que la acompañó a entrevistarlo. (En esa reunión Lemos reconoció que la empresa había aportado los vehículos para los secuestros) Le voy a contestar una por una sus mentiras. Pero me moriré siendo optimista, con mi hermano llevamos adelante la imputación de los civiles empresarios, que son responsables de los 30 mil desaparecidos, ellos pagaron por un golpe de Estado, pusieron todo lo que tenían a su alcance para eliminar gente. Esto coincide con las declaraciones de (Jorge Rafael) Videla, que los empresarios les pedían 10 mil desaparecidos más. Ahora empezó el juzgamiento de civiles en Argentina, y juristas nos dicen que éste va camino a ser un caso testigo. Respecto de Blaquier, tenía la intuición de que se iba a escapar y lo advertí, tienen 200 kilómetros de frontera a su disposición, pistas y aviones privados. Dice que está enfermo para no asistir a la imputación, para evitar responder qué hizo con mi padre y los desaparecidos de la provincia. Hay que constatar con nuestros peritos si esto es cierto, pero tiene que ser en horas, no días. El espionaje a la marcha de 2005 lo hizo una empresa que ellos tercerizaban, World división-psicología industrial, que hizo inteligencia, no psicología. Hicimos un amparo y hablamos con la ministra (Nilda) Garré pero falta que un fiscal impulse una denuncia, porque hicieron espionaje en democracia, violación de la ley de datos personales de los ciudadanos y tareas de inteligencia reservadas para el Estado, claramente prácticas de terrorismo de Estado que nunca abandonó la empresa Ledesma.

–Entonces, ¿persiste cierta impunidad pero también se está quebrando el pacto de silencio?

A.: –Existen muchas pruebas testimoniales, muchos perseguidos políticos, hay material fílmico, académico y siguen llegando pruebas, del allanamiento al barrio Los Perales, donde sus abogados tienen domicilio legal, se llevaron de todo, había cosas de mi padre y de (Jorge) Weisz, de (Carlos) Patrignani, de dirigentes gremiales desaparecidos. Hay gente que quiere ir a denunciar espontáneamente, nos están llamando todos los días. Y sí, se está rompiendo el miedo, esto tiene que llegar al final y tiene que ver con una decisión política en ese sentido.

R.:–El nuevo directorio de Ledesma son hijos de Carlos y Nelly Arrieta. Quisiera sentir que en la próxima marcha del Apagón el pueblo no nos siga viendo a escondidas, sino que acompañe esta resistencia con la que conseguimos cambiar algo en la Justicia. Tengo expectativa de que algo cambie en el pueblo, que nos ayuden de una vez por todas, mucha gente sabe dónde están nuestros desaparecidos, a ver si ahora se animan a hablar porque ahí se sabe quién colaboró, quién hizo espionaje, e incluso dónde están enterrados. Mi papá era muy querido por la gente y los hijos de los que ya no viven deben haber transmitido ese compromiso, quiero ver a la gente con memoria perder el miedo y acompañar nuestro reclamo porque creo que quieren algo distinto, no morirse de miedo por perder el trabajo o por ser investigado. Ese lugar está tomado desde hace siglos, tiene que dejar de vivir en el miedo.

L.: –Más de tres décadas de pelea con un enemigo poderosísimo nos han vuelto pacientes, el solo hecho de que la Justicia Federal reclame la presencia de estos individuos para que expliquen su conocimiento y participación en la represión en Ledesma es un acontecimiento relevante y marca el fin de una etapa inédita. Pienso en la cantidad de madres, padres, hermanos, hijos y nietos que comenzaron esta lucha en esta provincia y por causa de muerte, enfermedad, autoexilio, desaliento o depresión no llegaron a vivir la esperanza de estas horas. Que la impunidad continúe o no, depende del oportuno accionar de la Justicia y la actitud que nosotros adoptemos al seguir con atención el proceso del doctor Poviña.

O.: –La impunidad sigue porque esto es un proceso que implica etapas que, evidentemente, se están cumpliendo.

–¿Cómo afecta esta influencia de los Blaquier en la vida cotidiana de Libertador General San Martín?

R.: –Me acuerdo de algo impresionante. En la marcha de 2005, cuando el doctor (Norberto) Liwsky había terminado de hablar en el acto, al lado de María Adela Antokoletz, la gente se acercó a aportarle pruebas. Y cuando se iba, casi llegando al río Ledesma, donde dicen que secuestraron a mi padre, le robaron el maletín con todo. Y hace pocos días, el intento de secuestro al nieto de (Hugo) Condorí (ex preso político y querellante). Están ahí, nunca se fueron pero los conocemos a todos. Hay que ganarles como pueblo para vivir en un lugar digno y seguro, ganar el espacio.

A.:–La gente siempre resistió pero Ledesma responde con balas y muerte, como pasó en el desalojo a los ocupantes del Triángulo hace casi un año, con desaparecidos, secuestros, torturas, con prestar sus vehículos y la infraestructura y personal para cometer delitos, reconocidos como de lesa humanidad. Lo de las tierras va a ser siempre un problema, ellos no pagan impuestos aún hoy, lo negocian con cargos políticos y prebendas, mientras los trabajadores despedidos no tienen dónde ir. La ordenanza 84 que estableció mi papá cuando era intendente, en 1973, para erradicar las villas hablaba de 400 hectáreas como pago de un mes de impuestos. Festejan sus cien años como empresa de capital nacional y es mentira, dicen que dan trabajo a 7 mil familias y echan a 2 mil. La gente está cercada por cañaverales, todo es caña, por eso van a seguir tomando tierras. La ordenanza existe y el gobierno provincial debió expropiar, pero tras la muerte de tres personas sólo negociaron 14 hectáreas. Mi papá fue intendente sólo siete meses, y quería hacer cumplir las leyes sociales de 1945, que el hospital no sea una empresa privada, que los trabajadores recibieran medicamentos. Allanaron todas las casas para hacer desaparecer esa ordenanza pero no lo lograron, hay historiadores que la tenían y con lo que ellos escribieron nos nutrimos los hijos.

L.: –En 1959, cuando mi padre fue cesanteado por la empresa no consiguió que nadie le alquilara ni una pieza, por eso se fue a Tilcara. Y hoy es igual. La dominación de los Blaquier no puede entenderse sin la participación de los gobiernos municipal y provincial, por acción u omisión. El ejemplo más claro es la toma de tierras en Libertador General San Martín de fines de julio del año pasado y la sangrienta represión de comienzos de agosto. El problema habitacional es desesperante, mientras las autoridades municipales no reclamaban a Ledesma (única propietaria de la zona) la cesión de nuevos terrenos y tampoco solicitaban a la Legislatura provincial la expropiación de estos inmuebles, el gobierno de la provincia no se daba por enterado y miraba para otro lado. La Legislatura de la provincia creó una comisión investigadora de estos hechos, no duró una semana, aprovecharon que un funcionario citado no se presentó a declarar y se disolvió sin pena ni gloria. El poder real allí es el poder económico, bastó que la empresa diera por clausurado el diálogo y denunciara usurpación de tierras para que la Justicia provincial mandara reprimir, y el Ejecutivo junto con el Legislativo por no querer contrariar los deseos de la empresa y no cumplir oportunamente con sus obligaciones de gobierno, terminaron siendo corresponsables de esa tragedia.

O.: –Por haber vivido y tener contacto con la población actual, y con los que debieron emigrar aun contra su voluntad, hay un pacto de miedo y silencio instalado y naturalizado que se puede resumir en esta frase: “No hables del Ingenio Ledesma porque puedes quedarte vos o tus allegados sin trabajo, te pueden perseguir, no te van a dejar tranquilo ni a vos ni a tus familiares o te puede pasar lo mismo que al doctor Arédez”.